• junio 14, 2018
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FISCALÍA JUNTO A CARABINEROS ALLANA LAS OFICINAS DE LA “SEDE DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE SANTIAGO” Y EL “OBISPADO DE RANCAGUA”

FISCALÍA JUNTO A CARABINEROS ALLANA LAS OFICINAS DE LA “SEDE DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE SANTIAGO” Y EL “OBISPADO DE RANCAGUA”

El procedimiento sorpresa se aplicó en las oficinas de Santiago de Chile y la ciudad de Rancagua con el propósito de buscar posibles antecedentes de denuncias de abuso sexual a menores de edad, en medio del escándalo que involucra al clero con ese tipo de delitos, refiere La Nación.

El allanamiento coincide con la visita del arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y de monseñor Jordi Bertomeu, quienes se encuentran en el país suramericano por órdenes del Papa Francisco para escuchar los testimonios de las víctimas de abuso.

El fiscal regional Emilio Arias manifestó su satisfacción «con el resultado de la diligencia» porque constituye un «hito» fundamental en el proceso emprendido contra los miembros de la Iglesia Católica señalados por esos delitos: «no es una investigación en contra de la Iglesia católica», recalcó.

El Sumo Pontífice también aceptó este miércoles la renuncia del obispo de Osorno, Juan Barros; de Valparaíso, Gonzalo Duarte García de Cortázar, y de Puerto Montt, Cristián Caro Cordero, destaca La Vanguardia.

Archivos desde 2007

Según fuentes consultadas por La Tercera, el Ministerio Público ha solicitado la incautación de los archivos donde constaran las investigaciones emprendidas desde 2007 por parte de la Iglesia y en la que estuvieran involucradas víctimas menores de edad.

De acuerdo a los medios chilenos, esta es la primera vez que se produce un allanamiento de esta naturaleza en Chile. Una procedimiento similar ocurrió en Bostón, en el año 2002, luego de que los periodistas del Boston Globe emprendieran una demanda ante la corte civil para poder revisar los archivos que la arquidiócesis se rehusaba a revelar.

El archivo al que Arias ha tenido acceso es en el que están reunidos los expedientes de los sacerdotes de cada diócesis y arquidiócesis, donde pueden estar asentados asuntos sensibles como acusaciones de abusos sexuales, pero que según la doctrina canónica debe ser de carácter «secreto» y permanecer «totalmente cerrada con llave y que no pueda moverse del sitio».

Esa ley que rige a los religiosos también plantea la destrucción de las «causas criminales» que involucren a hombres que «hayan fallecido ya» o que hubiesen sido resueltas «con sentencia condenatoria diez años antes», precisa La Tercera.

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