El reo viajó esposado y custodiado por alguaciles de Estados Unidos en un avión privado y a su arribo fue entregado a las autoridades istmeñas, quienes deberán presentarlo antes de 48 horas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según el protocolo legal.
La televisión local siguió mediante un mapa digital el trayecto del vuelo desde su salida de la terminal de Opa Locka, en la ciudad estadounidense de Miami, donde se encontraba detenido desde el 12 de junio de 2017.
En medio de imputaciones públicas de abogados, familiares y leales al exmandatario de que el Ejecutivo istmeño se negó al traslado en un vuelo comercial, la cancillería señaló que ‘el Gobierno de los Estados Unidos de América ha decidido hacer el traslado oficial del extraditado hacia Panamá, en un avión privado, debidamente escoltado por las autoridades norteamericanas’.
Y aclaró que hasta tanto sea entregado a las autoridades panameñas ‘ni la Cancillería de Panamá, ni ninguna otra autoridad panameña, tiene capacidad de dar instrucciones o tomar decisiones sobre el traslado de la persona extraditada’.
Múltiples conflictos precedieron la llegada del reo, entre ellos el enfrentamiento interno en la CSJ donde Harry Díaz, magistrado fiscal de la causa contra el expresidente, podría quedar suspendido por una demanda de 2016, ahora aceptada por el también magistrado José Ayú Prado.
El recurso fue interpuesto por abogados, entre ellos uno del equipo legal de Martinelli, quienes consideraron inconstitucional la designación del jurista en el actual cargo, la cual data de 2011, porque ocupó el cargo de Fiscal de Cuentas.
En una estrategia de cercar al acusador en el expediente, el propio expresidente denunció en una carta manuscrita la cual hizo llegar al canal Telemetro, que Díaz le solicitó 13 millones de dólares para él y las víctimas, a cambio de favorecerlo en el proceso, lo que el aludido negó y aseveró que esto intenta quitarlo del camino.
Otra irregularidad denunciada por Ángel Álvarez, abogado querellante de seis de las víctimas, es que una funcionaria de la CSJ no recibió un documento de solicitud de audiencia que presentó junto al pedido de detención preventiva, mientras dos horas después la misma persona aceptó la petición de la defensa de ponerlo en libertad.
Incomprensibles expresiones de júbilo de su esposa, Marta Linares, partidarios y otros allegados por el arribo del exgobernante, contrastan con la lucha que hasta el viernes pasado esas mismas personas tenían bajo la premisa de que su vida peligraba en Panamá.