• mayo 7, 2018
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POLÍTICA / Gobierno Impulsa Agenda Anticorrupción

POLÍTICA / Gobierno Impulsa Agenda Anticorrupción

En el marco de la modernización del Estado el Ejecutivo está contemplado impulsar una serie de cambios que, dicen, apuntan a “la integridad pública”.

En un plazo de dos meses enviarán un proyecto de ley al Congreso para regular el tránsito entre el sector público y privado, y pretenden fortalecer la actual Ley de Transparencia, según consigna La Tercera.

“Esta es una materia para convocar a un acuerdo nacional”. Fueron las palabras del ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, el 19 de abril, para referirse a la modernización del Estado que busca impulsar el Ejecutivo. Una idea que está contemplada en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que establece cuatro ejes centrales: política de datos abiertos, agenda anticorrupción, “Ley de Transparencia 2.0” y la modernización del Congreso Nacional.

Una convocatoria que dicen, apuesta a la “integridad pública” y que contempla diferentes iniciativas en cada área.

Así, por ejemplo, respecto de la agenda anticorrupción se busca mejorar la legislación de probidad municipal y de los gobiernos regionales; regulación de aspectos de contrataciones de personal y contrataciones de bienes y servicios en periodos electorales; creación de mecanismos que sancionen el uso de recursos públicos para fines distintos de los previstos por la ley, y crear mecanismos legales que establezcan mayores condiciones y regulaciones para el tránsito entre el sector público y el privado, avanzando hacia estándares regulatorios existentes en los países de la Ocde.

Dentro de las demás medidas anticorrupción figura la institucionalización del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), con el objetivo de avanzar en la prevención de las faltas a la probidad; la creación de un sistema de denuncias anticorrupción, el que contempla “una debida protección de los denunciantes”; y la actualización del catálogo de conductas sancionadas, considerando el aumento de las penas relativas a los delitos funcionarios como el soborno y el cohecho.

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