La decisión del presidente chileno, Sebastián Piñera, de decretar el estado de emergencia en cuatro provincias de la Macrozona Sur fue criticada por distintos sectores sociales que la catalogaron como un «fracaso de Estado».
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«Este estado de emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos», señaló el jefe de Estado.
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Natalia Caniguan, activista mapuche, académica y directora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera, comenta que la militarización propuesta por Piñera «genera un clima de tensión, pues se toma el conflicto desde esta lógica de la violencia y represión».
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Respecto a las afirmaciones del mandatario donde señala que hay «crimen organizado, narcotráfico y terrorismo», Caniguan comenta que «no hay investigaciones acuciosas o que desde la justicia se haya determinado eventuales culpabilidades».
El denominado «conflicto mapuche» ha ido escalando durante las últimas décadas, luego de que varias organizaciones y comunidades mapuche comenzaran a realizar recuperaciones de tierras ocupada por empresas transnacionales y forestales, y reivindicar el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
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¿Qué significa decretar estado de emergencia?
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«El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación, lo declarará el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias», consigna el artículo 42 de la Constitución Política de la República.
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Tras decretarse esta medida, los territorios quedan bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional. Asumió como jefe de Defensa del BioBío, el comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, el contralmirante Jorge Parga. En tanto, el general de la Brigada del Ejército, Lionel Curti, se hará cargo en La Araucanía.
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En estado de emergencia, la autoridad a cargo puede restringir las libertades de locomoción y reunión. Además, el general al mando tiene la facultad de establecer el toque de queda si lo considera necesario.
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El estado de emergencia no podrá extenderse por más de 15 días, sin perjuicio de que el presidente pueda prorrogar por igual período.
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«Piñera busca generar una solución a un tema que lleva más de 20 años en 15 días. Esa no es la vía», comenta Caniguan.
La constituyente Damaris Abarca, independiente, explica que el Gobierno «hace un mal diagnóstico, pensar que van a solucionar el conflicto con 15 días de militarización, violencia o amedrentamiento es minimizar el conflicto histórico y que atañe muchas dimensiones».
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«La militarización no es algo normal, existen años de violación de derechos humanos en el Wallmapu, en donde hemos visto montajes policiales y los más afectados son los niños y las niñas, porque ellos crecen mirando y absorbiendo esa violencia», agrega la convencional.
Para Caniguan la militarización no ayuda al clima de convivencia en el territorio, al contrario, lo tensiona.
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«Ha sido tanto el tiempo que el Estado ha promovido la idea de resolver el conflicto por medio de la fuerza que, lamentablemente, hay sectores que han naturalizado la presencia de fuerzas especiales o en este caso de militares, que no es sano para ningún tipo de sociedad», comenta la académica.
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El INDH cataloga como un «fracaso» la medida de Piñera
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La dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazó la decisión de Sebastián Piñera de decretar estado de emergencia en cuatro provincias de la Macrozona Sur.
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«Representa un fracaso que el Estado de Chile termine, en los hechos, involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones», señalaron desde el INDH en un comunicado.
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Apuntaron que «el único camino para enfrentar la grave crisis que se vive en la Macrozona Sur es el diálogo», y que «el INDH ha apoyado y apoya los esfuerzos realizados en esa línea por el Centro Nansen para la Paz y las universidades».
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Finalmente, declararon que apoyarán los esfuerzos que tome la Convención Constitucional, «que tiene la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en que se funde la paz y la justicia en el sur de Chile».
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Abarca comenta que, dentro del trabajo constitucional, uno de los enfoques transversales es la plurinacionalidad.
«La plurinacionalidad deberá quedar sí o sí en la nueva constitución. Además, de los mecanismos para que los pueblos puedan determinarse y que no dependan de las voluntades políticas, como la de un presidente que está en calidad de imputado», señala la constituyente.
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La declaración de los pueblos originarios en la Convención Constitucional
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Natalia Caniguan, activista mapuche, académica y directora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera
© Foto : Gentileza Natalia Caniguan
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Los 17 escaños reservados a pueblos originarios en la Convención Constitucional emitieron una declaración pública rechazando el estado de emergencia de la Macrozona Sur.
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Los convencionales denunciaron que la medida «no contribuirá en solucionar el conflicto instalado por el Estado chileno; la historia lejana y reciente nos da la triste certeza de lo que acontecerá».
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Al mismo tiempo señalaron que el despliegue de las Fuerzas Armadas parece una maniobra distractora de la acusación constitucional que ha sido presentada en contra del presidente, Sebastián Piñera.
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«Resulta preocupante que los representantes del Gobierno chileno no tengan la capacidad de leer los escenarios políticos y tomar decisiones a la altura que demanda este momento histórico», añaden en su declaración.
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Constituyente independiente Damaris Abarca
© Foto : Gentileza Damaris Abarca
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Los representantes advierten que es «urgente que el Estado chileno inicie un camino de respeto y reparación de los derechos políticos y territoriales de las naciones originarias. No toleraremos que se vuelva a poner en riesgo la vida de nuestras hermanas y hermanos en manos de las fuerzas del Estado».
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En esa misma línea, Caniguan opina que se «necesita una mirada de diálogo político, de entender que aquí estamos hablando de derechos de los pueblos y por lo tanto el diálogo debe entenderse en ese terreno».
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Abarca concluye que «debemos exigir la desmilitarización del Wallmapu, hay muchas maneras de solucionar las cosas, el Estado ha fallado constantemente y lo sigue haciendo».
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