SANTIAGO – “Esta expulsión es un acto vergonzoso de humillación a comunidades castigadas y una categórica renuncia a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado de Chile que viola la ley y la Constitución de la República”, plantea este texto emitido este viernes 12 de febrero por la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile.
La mayor expulsión masiva de personas migrantes en Chile de los últimos 50 años se realizó en Colchane contra ciudadanos venezolanos principalmente, bajo una cobertura mediática-política que en dos días mostró la negación del derecho a migrar y el castigo racista del estado. Fuimos testigos de una condena sin atenuantes ni jueces, contra quienes habían atravesado la frontera de una aduana cerrada. Sin que pudieran tomar sus pertenencias, las personas fueron trasladadas a un estadio, vestidas con mamelucos blancos, subidas a buses y montadas en aviones (recordando tácticas dictatoriales), siendo esta última escena fotografiada, filmada y acompañada por las autoridades. Esta expulsión es un acto vergonzoso de humillación a comunidades castigadas y una categórica renuncia a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado de Chile que viola la ley y la Constitución de la República.
Lo ocurrido, una vez más, contiene mucho del racismo histórico expresado en el hecho de “pasar a llevar” las autoridades de Colchane y las comunidades Aymara que habitan el territorio antes de la existencia del estado; y a migrantes venezolanos y de otros países que se encontraban en movilidad humana por razones humanitarias en plena crisis sanitaria. Las municipalidades de la Región de Tarapacá no supieron de las expulsiones, particularmente la Municipalidad de Colchane, ciudad pequeña y olvidada por el estado, que ignoró lo que llevarían a cabo tres ministros, sus equipos de asesores, militares varios, y la prensa oficialista. Ante esos atropellos, los alcaldes y la comunidad fueron claros en no condenar a los migrantes sino a la inoperante acción del gobierno y a la afrenta pública contra sus habitantes.
El racismo es un sistema potente que observamos en las decisiones de un estado que, a contracorriente de lo que hacen gobernantes de otros países para salvar vidas, humilla y deshumaniza a personas que buscan supervivencia cuando la existencia está en peligro, tratándolas como cosas cuando se trata de “ordenar la casa” y desde un sentido político que impacte en la sociedad para conseguir su adhesión. El lugar no-nacional de quienes huyen de la violencia y el empobrecimiento buscando trabajo y dignidad emerge con fuerza para fortalecer la idea de la “defensa” de una nación hoy en manos de un grupo que hace mucho se ha adueñado del país. Las no-políticas migratorias del gobierno chileno, carentes de miradas trascendentes a largo plazo, tienen un marcado signo racista dado en dispositivos de sometimiento, castigo y fomento del miedo. El uso político de la migración construye un enemigo externo al cual castiga para explotar el morbo y conseguir apoyo de una parte de la ciudadanía confundida.
Luego del espectáculo de Colchane el ministro de Relaciones Exteriores anunció que no se vacunaría a migrantes irregulares, generando múltiples críticas, pero se revirtió un día después señalando que solo buscaban evitar “el turismo vacunas”, agregando que sí se les vacunará. No queda claro -en la práctica- como se aplicará esta medida a quienes no han realizado sus trámites, sobre todo en regiones alejadas de la capital y a un año de pandemia marcado por el cierre de oficinas presenciales, la falta de coordinación interministerial, la accidentada digitalización de servicios de atención y las escasas y confusas informaciones sobre los procesos de regularización migratoria, como las prolongaciones de los documentos de identidad y la aplicación de multas en un contexto de cierre de fronteras.
Hoy se ha hecho evidente que esta política racista pone en riesgo la democracia y nos está empujando como sociedad a una renuncia total a los derechos humanos como principio articulador de nuestra convivencia. Ante esta intolerable deriva a la que nos está conduciendo el interés y la mezquindad de unos pocos hacemos un llamado primero, a todas y todos los actores del mundo político y social, autoridades, representantes, organizaciones, etc., a asumir un compromiso real con los derechos de las personas migrantes y a impulsar en esta coyuntura acciones que permitan atender con humanidad la crisis migratoria que vive la región.
Dar la espalda hoy a los pueblos hermanos que están viviendo profundas crisis implicaría desconocer nuestra propia historia. A los organismos internacionales los llamamos a defender y ser garantes de los compromisos vinculantes que han sido suscritos por los Estados de la región en materia de derechos humanos.
Finalmente, hacemos un llamado a nuestro pueblo, a las trabajadoras y trabajadores de Chile, a los y las estudiantes, profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias públicas, y a todos quienes convivimos cotidianamente en nuestros entornos con personas que han sido expulsados de sus países o que han llegado a Chile migrando en busca de trabajo y dignidad, a seguir siendo solidarios(as), empáticos(as) y acogedores(as) con ellas y ellos. Dado que es la voluntad humana la que ha unido nuestros caminos, que sea ella la que los proyecte hacia un destino común.
DECLARACIÓN PÚBLICA
Por Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.
