Las características y el aumento de la migración en las últimas décadas, reviste un carácter sofisticado e impone nuevos y complejos desafíos para los Estados en materia de garantizar derechos, generar políticas con pertinencia intercultural y reconocer en la diversidad un aspecto clave para la calidad de la democracia.
En Chile, está siendo muy difícil entrar en sintonía con esta perspectiva de la migración desde el enfoque derechos, en tanto predomina un modelo de desarrollo basado en el crecimiento como fin y no como medio, y persisten prácticas de discriminación.
Las consecuencias de este modelo de sociedad son la profundización de las desigualdades, esto se produce por las propias políticas que se generan en nombre del progreso y la justicia, pues las políticas públicas no son neutras y producen efectos adversos cuando son ciegas ante las diversidades territoriales, culturales y de género. Por lo tanto, se configura y consolida un modelo que no solo crea ciudadanos y territorios de primera y segunda, sino que también produce una suerte de ciudadanía invisible en la esfera nacional: los y las migrantes.
En el contexto de la pandemia se han generado acciones gubernamentales que ponen en relieve esta ceguera auto-infligida del Estado, hacia las necesidades y los aportes del más de millón de migrantes internacionales que residen en Chile. Concretamente, se propone permitir que extranjeros se sumen a los equipos de salud del país, mediante el decreto de emergencia y de forma temporal, sin que exista el compromiso de flexibilizar los procesos de convalidación de títulos, que actualmente son barreras para la inserción laboral de muchos migrantes, entonces…Quid pro quo.
Asimismo, muchos migrantes no pueden acceder a ninguna política que se cree en el contexto de la crisis actual, porque se encuentran en situación de irregularidad, pese a estar en condiciones de extrema exclusión y hacinamiento.
Es imperativo que el Estado genere un registro humanitario para la regularización inmediata de toda la población migrante en esta situación y que las acciones públicas se comuniquen y planifiquen con sentido de pertinencia intercultural, sin criminalizar la migración irregular y reconociendo el aporte de los migrante al desarrollo del país.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Neida Colmenares Mejías – Cientista política. Directora de Ciencia Política en la Universidad Central. Doctora en Gobierno y Administración Pública, por la Universidad Complutense de Madrid (España)
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