VALPARAÍSO – Ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, caratulado como Vegas/ Empresa Eléctrica Ventanas, Rol Protección-42506-2021, con fecha 23 de septiembre, Fundación Terram ha presentado recurso de protección contra AES Gener S.A. y sus filiales Empresas Eléctricas Ventanas SpA. y Campiche S.A.
La zona de sacrificio de Quintero, Ventanas, Puchuncaví, ubicada en la costa norte de la región de Valparaíso, ha sido foco de la mayor depredación de un territorio, refinerías, termoeléctricas, contaminación por emisiones y por varamiento de carbón y vaciamiento de residuos líquidos al mar.
A raíz de este recurso presentado y que se espera sea admitido dentro de la próxima semana, para conocer en profundidad de esa definición macabra de “zonas de sacrificio”, Diario La Razón conversó con el Ingeniero en ejecución en Pesca, Hernán Ramírez Rueda, asesor por décadas de los pescadores de caleta Ventanas y dirigente ambientalista, que ha trabajado con Fundación Terram y con el colectivo MUZOSARE, Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia.
Ubicamos a Hernán Ramírez Rueda en su espacio de trabajo por más de veinte años, en Caleta Ventanas. Ventanas tiene tres playas, una caleta, pero se la conoce desde 1964 por la fundición y refinería que instaló Enami, Empresa Nacional de Minería y que está hoy a cargo de Codelco. En un día nuboso, la niebla se confunde con el humo tóxico de numerosas chimeneas.
¿Cuál es tu mirada histórica a este abandono de los gobiernos sucesivos de esta área costera que otrora fuera fértil y hermosa, con un mar generoso?
Desde los años 30, cuando comienza la industria minera y comienza la lógica de la economía de sustitución de importaciones, de refinación de hidrocarburos y de minerales, apuntando a la participación comercial con bienes intermedios en el mercado mundial. Por eso se decidió radicar en este borde costero la Refinería de Enami Ventanas, porque ya Calera estaba saturada por la industria Cemento Melón y porque Papudo tenía los cerros pegados a la costa y no iba a haber buena ventilación. Por estas consideraciones se implantó la refinería en este lugar. A propósito de esto, cabe recordar lo que publicó el Mercurio de Valparaíso, el año 1957 . “los puchuncavinos deben entender que, siendo necesaria la lluvia, cuando llueve, alguien se tiene que mojar” con lo cual condenaba al valle a este destino, porque para hacer mayonesa hay que romper huevos, pero que sea lejos de mi ciudad o de mi barrio. Allí comenzó todo y hasta los años 80 aún no se reconocía la contaminación que estaba provocando esta actividad en el valle. Así se sentenció esta zona de sacrificio, ante la indolencia de la clase dirigente. Y desde allí nace este cordón industrial, como un eslabón de esa política pública. Es lo que hemos vivido con una nula preocupación ambiental del Estado
¿Cuál es el mapa actual de actores en este anfiteatro que, en múltiples ocasiones, se ha convertido en irrespirable?
En el área se sitúan hoy las empresas Públicas Codelco, con su refinería Ventanas, y Enap que se ubica en Concón, y las privadas: AES Gener, Puerto Ventanas, Oxiquim, GNL, Cemento Melón, COPEC, entre otras. Efectivamente se registran, entre el 2008 al 2021, casi 900 varaderos de carbón, las emanaciones tóxicas han afectado a la población y la Escuela La Greda se ha convertido en símbolo de la desprotección de la vida.
¿Cómo se fue articulando la comunidad para exigir que termine la concentración de contaminantes y cómo se llega a este recurso de hoy y cuántos ha habido?
Desde inicio del 2000 a la fecha, la participación de la comunidad se intensifica y se hace permanente actualmente, con el ingreso de nuevos actores sociales y por la conformación de redes de apoyo entre diferentes organizaciones territoriales, formación de alianzas de colaboración con ONG nacionales y extrajeras y Universidades, entre otras. Esta articulación ha permitido mejorar la incidencia de la comunidad respecto a las políticas públicas, no obstante lo cual, el Estado sigue al debe con los habitantes de Ventanas, Quintero y Puchuncaví.
¿Qué expectativas existen en que, por la vía judicial, se alcance un cambio de políticas del Estado, si frecuentemente se han irrespetado fallos y ha pesado la influencia, incluso internacional?
Lo que se busca con este recurso de protección, es obligar a AES GENER a operar, a lo menos, dentro de la potencia para la cual fue aprobada la construcción de esa termoeléctrica en la Resolución de Calificación Ambiental, es decir, encuadrarse en los rangos de generación establecidos descontándole los excesos en que ha incurrido y que se haga responsable también de las emisiones que ha generado por sobre lo permitido, reduciendo en los próximos años los niveles de generación.
Pero esto es sólo una parte de los incumplimientos en que ha incurrido AES GENER. Hay un tema también con los varamientos de carbón, donde hay un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que prohibía la operación de la termoeléctrica hasta que la empresa adoptase medidas para evitar el vaciamiento de carbón a la bahía. A nuestro juicio, las medidas que ha adoptado la Superintendencia del Medio Ambiente para cumplir con el fallo de la Corte de Apelaciones, son totalmente insuficientes, no dan garantía alguna de que la empresa genere cambios en sus procedimientos para evitar que vaya carbón al mar.
Pues bien, estas derrotas o victorias pírricas, tienen el efecto positivo de ir constituyendo evidencias de que la Justicia interna no está siendo eficaz, lo que nos permitirá avanzar a demandas en instancias internacionales, tales como la Corte Interamericana de DDHH. Además, como comunidad afectada permanentemente por un ambiente poluto y dañino para la salud, hemos podido informar a Naciones Unidas de esta situación estructural.
En cuanto a la pregunta, sobre qué esperamos lograr con este Recurso, puedo concluir que esperamos obligar que AES GENER vuelva a la legalidad. Pero creemos que a este recurso se deben sumar muchos más que se debe presentar contra otras industrias del cordón industrial y en contra de la autoridades medioambientales que no cumplen su misión de protección a los habitantes, los que se ven afectados en su salud por tales emisiones contaminantes. Una autoridad ambiental que está para aprobar proyectos, es cómplice de ese daño a la salud de la población, cuando permite que esas situaciones sigan ocurriendo.
La termoeléctrica Campiche de AES GENER fue aprobada un 31 de diciembre de 2009, lo que significó que el gobierno de Michele Bachelet cediera al lobby político norteamericano y que existiera con ello un verdadero desacato a la Corte Suprema y una burla a la ciudadanía. ¿Qué grado de confianza puede haber en la Justicia si los poderes fácticos se siguen imponiendo en total sinrazón?
La vía judicial es un camino necesario, pero el objetivo es poder llevar nuestras demandas a la competencia de tribunales internacionales. Pero, para fundamentar mi respuesta, debo señalar que ha habido victorias judiciales, las que, a poco andar, no se han cumplido.
Me refiero al fallo obtenido a partir de los recursos de protección presentados por los Senadores Latorre y Chahuán, que prohibía el ingreso a la bahía de Quintero de naves que transporten carbón, su descarga para evitar la contaminación y la prohibición de verter residuos líquidos al mar, el cual, en principio, hizo pensar que podía terminar con los varamientos de carbón y el vertimiento de residuos líquidos a la bahía. Sin embargo, con sorprendente diligencia, tan pronto había salido el fallo judicial, las autoridades de Superintendencia de Medio Ambiente y Gobernación Marítima, resolvieron que la empresa había corregido sus procedimientos y podía seguir operando. Esto ocurre en el marco de denuncias de varamientos de carbón, que se vienen registrando desde octubre de 2008 y que alcanzan a la fecha suman casi 900 eventos de contaminación de la bahía por carbón vertido al mar en procesos de descarga. La Autoridad Marítima ha abierto dos procesos sancionatorios, sin llegar a sanción alguna.
Debo destacar el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República, en orden a hacer cumplir la normativa ambiental, ya que gracias a su actuación pudimos conocer que la Superintendencia del Medio Ambiente no había procesado e incluso no había n siquiera registrado, alrededor de un 40% de las denuncias presentadas por la ciudadanía, lo que ratifica nuestra apreciación de que ese organismo no está cumpliendo su deber y que se ha convertido en un instrumento funcional a los intereses de las empresas, convirtiéndose en cómplice de sus malas prácticas, evadiendo la normativa ambiental, que de suyo es de estándares vergonzosos.
Todos estos hechos nos conducen a la necesidad a escalar a instancias internacionales, registrando cada situación de desprotección por parte del Estado y los Tribunales de Justicia, porque pensamos que desde esos espacios internacionales se podrá influir con más peso en las políticas públicas que afectan a las personas y las comunidades, obligando al Estado de Chile a cumplir por lo menos con la normativa vigente.
