La Asamblea Nacional de Ecuador destituyó a la legisladora Sofía Espín, del bloque del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y quien perdió su cargo tras haber visitado a una testigo protegida en el caso del secuestro del político Fernando Balda.
La moción de destitución por realizar actividades incompatibles con su cargo tuvo 94 votos a favor, 31 negativos y 7 abstenciones.
El mes pasado, una comisión multipartidista de la Asamblea que investigó el caso de la visita de Espín a la testigo Diana Falcón en la cárcel aprobó un informe recomendando aplicar la sanción prevista en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina que quien incumpla alguna de las prohibiciones de ese mismo artículo perderá la calidad de asambleísta.
Según el informe, Espín incurrió «en una infracción que lesiona y afecta la independencia con la que deben funcionar los poderes del Estado ecuatoriano».
La comisión dijo que «la obstrucción al funcionamiento a la función judicial, en un proceso penal en trámite que involucra a un expresidente de la República y que ha causado conmoción en la ciudadanía, es una conducta que colisiona con los deberes primordiales del Estado ecuatoriano contenidos en la Constitución».
El informe destacó que la conducta de Espín «se agravó al acudir acompañada de la abogada de la contraparte de otro sujeto procesal (el ex presidente Correa), en un día que no era de visitas y con pleno conocimiento de que al día siguiente se realizaría la audiencia preparatoria de juicio. La testigo aseguró a la Comisión que le hicieron ofrecimientos para que cambie su versión».
Espín antes de la votación en la que fue destituida, calificó de «vergonzoso» al proceso en su contra y aseguró que la comisión que investigó su conducta por visitar a Falcón no respetó las garantías básicas del debido proceso.
También afirmó que fue usada como una cortina de humo para tapar los graves problemas del país y que con su caso «han pretendido tapar muchas corrupciones en la Asamblea Nacional».
Insistió en que la visita no contraviene ninguna norma legal ni constitucional, y que la ha sido objeto de una «jugarreta ilegal».
Más tarde, en su cuenta de la red social Twitter afirmó que acudirá a instancias internacionales en donde defenderá su cargo de elección popular.
El pasado 24 de septiembre la asambleísta Espín y Yadira Cadena, una abogada de Correa, visitaron en la cárcel a Falcón, quien junto con el exagente de inteligencia Raúl Chicaiza, ahora procesado en el caso y también testigo protegido de la Fiscalía, han afirmado durante las investigaciones que en el caso del secuestro de Balda seguían órdenes de Correa y de su exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero.
Falcón ha asegurado que Cadena y Espín durante su visita le pidieron que cambiara su versión para no perjudicar a Correa y que incluso le ofrecieron protección de la ONU, asilo en Bélgica y dinero, lo cual fue negado por las dos mujeres que aseguraron que la visita tuvo fines humanitarios.
Espín dijo que no hay incompatibilidad de funciones por una visita de 20 minutos a una cárcel, y que ella entró con el consentimiento de Falcón.
La Fiscalía General de la Nación inició en días pasados una indagación previa contra Cadena y Espín por el delito de oferta de tráfico de influencias.
Dentro de la investigación por el secuestro de Balda, ocurrido en Bogotá en 2012, Correa fue llamado a juicio el 7 de noviembre.
El expresidente está prófugo de la justicia pues tiene una orden de prisión desde julio pasado.
Fuente: Sputnik